Guías de Estudio > Tortura, tratos inhumanos o degradantes

Introducción
Derechos en juego
Instrumentos de protección regionales e internacionales
Organismos nacionales de servicio y protección
Materiales para la defensa, la educación y la capacitación
Otros recursos

Introducción

La tortura es una violación seria a los derechos humanos y está estrictamente prohibida por las leyes internacionales. Puesto que el uso de la tortura ataca el mismo centro de las libertades civiles y políticas, fue uno de los primeros temas tratados por las Naciones Unidas (ONU), en su desarrollo de estándares de derechos humanos. Una de sus primeras medidas fue el abolir el castigo corporal en los territorios coloniales en 1949. Las leyes internacionales prohíben la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, que son inaceptables bajo cualquier circunstancia.

A pesar de estar fuera de la ley, la tortura sigue practicándose en la mayoría de los países del mundo. Un informe de Amnistía Internacional de 2001, subrayó el uso de la tortura por 140 Estados entre 1997 y 2001, y encontró que cada año miles de perpetradores pegan, violan y electrocutan a otros seres humanos.

¿Qué es la tortura?
En la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes la tortura se define como

"cualquier acto por el cual se inflinge intencionadamente un daño severo, tanto físico como mental sobre una persona, con el propósito de obtener de él/ella o de una tercera persona información o una confesión, castigarlo por un acto que él/ella o una tercera persona ha cometido o es sospechoso de haber cometido, o intimidar o coaccionar a esa persona o a una tercera persona, o por cualquier razón basado en discriminación de cualquier tipo, cuando dicho dolor o sufrimiento sea inflingido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia" (artículo 1).

Las definiciones de tortura varían ligeramente entre diferentes tratados internacionales pero generalmente cubren cualquier acto que:
- causa dolor o sufrimiento severo
- se inflinge intencionadamente sobre una persona
- se realiza para obtener información o una confesión, castigar un acto que él/ella o una tercera persona ha cometido o es sospechoso de haber cometido, o para intimidar o coaccionar a esa persona o a una tercera persona , o por cualquier razón está basado en discriminación de cualquier tipo; y
- se realiza instigado por, o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público u otra persona actuando en el ejercicio de funciones públicas.

El término tortura incluye una variedad de métodos, incluyendo palizas severas, shock eléctrico, abuso sexual y violación, confinamiento solitario prolongado, trabajos duros, casi-ahogamientos, casi-sofocación, mutilación, y colgamientos por periodos prolongados.

Aunque no hay una lista exhaustiva de acciones prohibidas, la legislación internacional ha dejado claro que la tortura es "un trato cruel, inhumano o degradante". Además de los tipos de daño y sufrimiento severos mencionados anteriormente, la tortura también incluye el ser obligado a estar de pie con los brazos y piernas abiertos contra una pared durante horas; estar sometido a una luz intensa o con los ojos vendados; estar sometido a ruido fuerte continuo; estar privado de sueño, comida o bebida; ser sometido a estar continuamente de pie o en cuclillas, o sacudido violentamente.

Además, la tortura no se limita a acciones que causan daño o heridas físicas. Incluye también acciones que causan sufrimiento mental, tales como amenazas contra la familia o los seres queridos.

Y, en lo que concierne a los experimentos científicos en humanos llevados a cabo por los gobiernos sin el consentimiento informado de las víctimas, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU no contiene esta disposición, aunque la prohibición anterior de la tortura en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que "nadie debe ser sometido, sin su libre consentimiento, a experimentación médica o científica". Los experimentos en humanos llevados a cabo por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial pertenecen a esta categoría.

Si la definición de tortura incluye castigo corporal judicial (por ejemplo, amputación, marcas con hierro candente y varias formas de azotes, incluyendo latigazos y golpes con palos) o la pena de muerte, es un tema discutido. El artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, a menudo mencionada como Convención de la ONU Contra la Tortura, excluye "daño o sufrimiento causado solamente por, de modo inherente a, o incidental a sanciones legales". Algunos Estados han usado esta disposición para discutir qué castigos penales legalmente autorizados, que resultan en daño físico, no constituyen tortura. Además, demandan que esta formulación, por su misma existencia, legitimiza el uso de la pena de muerte o el castigo corporal. Los oponentes no están de acuerdo, diciendo que estas disposiciones lo son sin perjuicio de otros tratados internacionales que salvaguardan el derecho a la vida y la seguridad de la persona. De hecho, en algunos casos, las instituciones internacionales y regionales han encontrado que ciertas formas de castigo corporal son equivalentes a la tortura u otros tratos inhumanos o degradantes.

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Derechos en juego

La legislación internacional y regional sobre derechos humanos protege una serie de derechos clave en relación con la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. Éstos incluyen:

(a) El derecho a ser protegido contra la tortura

La responsabilidad del Estado por torturas cometidas por funcionarios estatales (por ejemplo agentes de policía, soldados, guardianes de prisiones, etc) está clara bajo las leyes internacionales. Algunos discuten que el Estado es también responsable por torturas llevadas a cabo por personas privadas (actores no estatales) en forma de ataques racistas o violencia doméstica, por ejemplo, si el Estado no hace lo suficiente para prevenir tales abusos.

Se require que cada Estado tome medidas legislativas, admininistrativas, judiciales o de cualquier otra índole que sean eficaces para prevenir actos de tortura en su territorio. Los actos de tortura tienen que ser considerados ofensas bajo las leyes penales. No está justificado el uso de la tortura en situaciones de excepción, por ejemplo durante un estado de guerra, inestabilidad política interna, u otra emergencia pública. Obedecer una orden de autoridades superiores tampoco justifica la tortura (Convención contra la Tortura de la ONU, artículos 2 y 4).

(b) Deber de perseguir a los torturadores

Todos los gobiernos tienen la responsabilidad de procesar a los infractores bajo el sistema de penal procesal internacional que se aplica a la tortura. El principio de jurisdicción universal obliga a todos los países, en los que se encuentre a los presuntos infractores, a extraditar a los torturadores para ser procesados más directamente por el gobierno afectado (por ejemplo, el país donde se cometieron las ofensas, o el país del que sean nacionales las víctimas o los torturadores) o bien a iniciar el proceso ellos mismos (ver la Convención contra la Tortura de la ONU, artículos 5,6 8).

Desgraciadamente, son raros los procesos por tortura que tengan éxito. En algunos casos, esto se debe a la falta de voluntad política y a la ausencia de escrutinio por parte de los medios de comunicación y del público. Se ha criticado a los gobiernos por subordinar la obligación de procesar a intereses políticos.

Más aún, a menudo hay obstáculos legales:
- Jurisdicción universal real y ejecución pueden ser problemáticos puesto que los países incorporan la legislación internacional a la legislación nacional de modos diferentes, lo que resulta en distintas definiciones y penas. (La tortura puede no ser un crimen específico en una ley nacional o puede estar definida de modo muy restrictivo).
- Otra leyes pueden facilitar el que se cometa tortura, tales como la detención incomunicada (detención sin acceso a abogados, médicos, familiares o amigos) o leyes que permiten arrancar confesiones bajo tortura, que se usan como evidencia ante los tribunales para conseguir condenas.
- Leyes de amnistía nacionales pueden proteger a los torturadores.
- Puede ser difícil encontrar evidencia. Los torturadores pueden esconder su identidad o escoger métodos que dejan pocas marcas físicas. Se puede alterar o destruir evidencia. Se pueden archivar informes falsos. Puede haber un código de silencio que impida que la gente hable en contra de sus colegas. O se puede intimidar y amenazar a los testigos con represalias físicas o legales.
- Los sistemas de investigación, procesamiento y condena pueden ser imperfectos, ineficaces o corruptos.

(c) Derecho de una persona a no ser expulsada, devuelta o extraditada a otro Estado donde pueda estar en peligro

"Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución (refouler) o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura".

Este artículo crea el derecho incondicional de una persona a no ser expulsada, devuelta o extraditada a otro país donde es probable que vaya a ser torturada. La devolución está prohibida en cualquier circunstancia, de modo incondicional, en tanto haya razones fundadas para creer que existe el peligro de tortura. Esto se determinaría teniendo en cuenta todas las consideraciones relevantes incluyendo si hay un "patrón consistente de violaciones claras, flagrantes o masivas a los derechos humanos".

Esto crea una disposición con más fuerza contra la devolución (refoulement) que otros instrumentos, por ejemplo, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, donde la prevención de la devolución está condicionada al establecimiento de la persecución basada en la raza, la religión, la nacionalidad, la opinión política, o el pertenecer a un determinado grupo social. Actividades previas, por ejemplo, la participación en actividades criminales pueden ser un factor para la descalificación bajo la Convención de los Refugiados, pero no es una razón para la exclusión bajo la Convención contra la Tortura.

(d) Derecho de las víctimas a obtener reparación, compensación justa, incluyendo rehabilitación y el derecho de las víctimas a presentar una queja, a que sea imparcialmente investigada, y a ser protegida contra represalias por presentar la queja.

Hay cinco tipos de reparación: compensación económica, tratamiento médico y rehabilitación, restitución (buscando el restablecer a la víctima a su situación previa), garantía de que no se repetirá la tortura y formas de satisfacción tales como restablecimiento de la dignidad y la reputación, y reconocimiento público del daño sufrido (ver la Convención contra la Tortura de la ONU, artículos 13, 14).

Agencias de asistencia claves

Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura

El Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura proporciona ayuda humanitaria, legal y económica a las víctimas de la tortura y a sus familias. El fondo depende completamente de contribuciones voluntarias y es administrado por el Secretario General de la ONU con la asistencia de un Consejo de Administración, compuesto de un presidente y cuatro miembros con amplia experiencia en el área de derechos humanos. La mayor parte de los fondos se usan en financiación y rehabilitación, y el resto para proyectos de formación para médicos especialistas.

Muchas otras organizaciones internacionales y nacionales participan en la lucha contra la tortura y proporcionan asistencia a las víctimas. En la siguiente sección sobre
Otros Recursos se pueden encontrar enlaces con algunas de estas organizaciones.

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Instrumentos de protección y promoción regionales e internacionales

Los instrumentos legales internacionales toman la forma de un tratado (también llamado acuerdo, convención o protocolo) que obliga a los estados contratantes a los términos negociados. Una vez terminadas las negociaciones, el texto de un tratado se establece como auténtico y definitivo y es 'firmado' por los representantes de los estados. Un estado puede aceptar estar obligado a un tratado en muchas formas; las más comunes son la ratificación o adopción. Un nuevo tratado es ratificado por aquellos estados que han negociado el instrumento. Un estado que no ha participado en las negociaciones puede adherirse al tratado en una etapa posterior. El tratado entra en vigor, o se torna válido, cuando un número predeterminado de estados han ratificado o se han adherido al tratado.

Cuando un estado ratifica o se adhiere a un tratado, dicho estado puede hacer reservas a uno o más artículos del tratado, a menos de que las reservas estén prohibidas por el tratado. Las reservas pueden ser usualmente retiradas en cualquier momento. En algunos países, los tratados internacionales toman prioridad sobre la legislación nacional; en otros, se puede requerir de una ley específica para otorgar la fuerza de una ley nacional a un tratado internacional ratificado. Prácticamente todos los estados que han ratificado o se han adherido a un tratado internacional deben emitir decretos, cambiar leyes existentes o introducir nueva legislación para que el tratado pueda ser completamente efectivo en el territorio nacional.

Los tratados vinculantes se pueden usar para obligar a los gobiernos a respetar las disposiciones del tratado que son relevantes a la prevención de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. Los instrumentos no vinculantes, tales como las declaraciones y resoluciones, se pueden usar en situaciones relevantes para avergonzar a los gobiernos con una exposición pública negativa; los gobiernos que se preocupan de su imagen internacional pueden, consecuentemente, adaptar sus políticas.

Los siguientes son tratados internacionales, declaraciones y compromisos que determinan los estándares del derecho humano a ser protegido contra la tortura y los tratos inhumanos o degradantes:

NACIONES UNIDAS

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) (artículo 5)
Este documento fundamental sobre los derechos humanos de la ONU dice que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".

Algunas disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos se han convertido en parte de las leyes internacionales tradicionales, lo que significa que son vinculantes para todos los Estados, independientemente de si el Estado forma parte del instrumento universal o regional específico. La tortura está por tanto prohibida por las leyes internacionales tradicionales, ya sea si se comete de modo sistemático y extendido, y por tanto es un crimen contra la humanidad, o si se comete contra una sola víctima. La prohibición de la tortura es también una obligación para toda la comunidad internacional, que todos los Estados tienen el derecho de hacer cumplir a través del ejercicio de la jurisdicción universal sobre sospechosos encontrados en su territorio.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) (artículo 7)
Este tratado, también conocido como ICCPR (por sus siglas en inglés), fue adoptado por la Asamblea General en diciembre de 1966 y entró en vigor en 1976. Elabora los principios expuestos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La tortura está prohibida bajo el artículo 7, que estipula que "nadie debe ser sometido a la tortura o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En particular, nadie debe ser sometido, sin su consentimiento libre, a experimentos médicos o científicos". Esta disposición no puede ser suspendida o limitada incluso en situaciones de emergencia.

Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura (1975)
Esta declaración fue adoptada por la Asamblea General en diciembre de 1975. Contiene 12 artículos y una definición de la tortura.

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984)
Este es el principal tratado de la ONU relativo a la tortura. Fue adoptado por la Asamblea General de la ONU y entró en vigor en junio de 1987. Contiene 33 artículos que cubren los derechos en cuestión y los mecanismos para que se cumplan.

El tratado creó un Comité contra la Tortura bajo el artículo 17. El comité está compuesto por diez expertos elegidos por un periodo de cuatro años. El comité revisa informes periódicos de los Estados miembros de la Convención. Tiene la capacidad de exhortar a las agencias de la ONU, organismos regionales y no-gubernamentales a presentar información.

Bajo el artículo 20, el Comité también tiene poder para iniciar visitas a los Estados, siempre que se obtenga el consentimiento del Estado en cuestión. Todas los procedimientos son confidenciales y todas las acciones se llevan a cabo en cooperación con el Estado en cuestión. El tratado permite presentar quejas individuales al Comité bajo el artículo 22, a condición de que se hayan agotado todos los recursos domésticos. Esto representó en aquel momento un desarrollo importante en la legislación internacional, puesto que permitió que un individuo pudiera establecer una demanda contra sobre su propio gobierno ante un organismo internacional. Sin embargo, la aplicación de esta disposición está sujeta a que un gobierno haga una declaración diciendo que acepta este artículo. Hasta la fecha, una minoría de Estados ha hecho esta declaración, lo que significa que la mayoría de la gente no tiene acceso a este procedimiento.

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2002)
Bajo el artículo 2, el Protocolo Facultativo crea un organismo experto, un Sub-Comité para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité Contra la Tortura, para llevar a cabo visitas de inspección a lugares de detención y para presentar informes confidenciales a las autoridades competentes sobre cómo prevenir la tortura y los malos tratos. El Protocolo también requiere que los Estados establezcan organismos nacionales para llevar a cabo visitas similares a lugares de detención.

Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura

El Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura recolecta información sobre medidas legislativas y administrativas tomadas por los gobiernos, responde a temores formulados por medio de acciones urgentes, lleva a cabo consultas y visitas a países e informa al Consejo de Derechos Humanos. A diferencia del CAT (Committe Against Torture), su mandato se extiende a todos los Estados miembros y observadores de la ONU y no solo a aquéllos que forman parte de la Convención Contra la Tortura.

El Relator Especial recibe informes de organizaciones e individuos sobre violaciones. El Relator Especial tiene la capacidad de emitir un llamado urgente para prevenir violaciones inminentes. Las alegaciones específicas son discutidas por el Relator Especial directamente con el gobierno en cuestión. Se han presentado problemas con el seguimiento de estos asuntos, y algunos gobiernos no han respondido a los temas de los que se ha ocupado el Relator Especial. Temas más amplios, como los informes persistentes de impunidad o la violación de leyes internacionales de derechos humanos por las leyes nacionales forman parte de los informes del Relator Especial. El Relator Especial también lleva a cabo visitas a países con el propósito de obtener información de primera mano.

Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1982)
Estos principios, adoptados por la Asamblea General en diciembre de 1982, obligan al personal sanitario a proteger la salud física y mental de los detenidos, y en segundo lugar, prohíben su participación activa o pasiva en actos de tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes.

Una serie de tratados de la ONU relativos a los derechos de grupos específicos prohíbe expresamente o implícitamente la tortura y otras formas de tratos inhumanos y degradantes. Estos temores se han planteado por esta razón ante los organismos que supervisan la puesta en práctica de estos tratados:

Además de los niños, las mujeres son particularmente vulnerables a formas de tortura sexual, incluyendo violaciones y otras formas de violencia sexual. Se han presentado quejas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer como infracciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, siglas en inglés). La Declaración de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General en diciembre de 1993, explícitamente hace referencia al derecho de la mujer a no ser sometida a la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (artículo3h).

La tortura se puede utilizar también de forma discriminatoria y dirigida a grupos raciales específicos. En tales circunstancias viola la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y puede ser planteada ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que supervisa la implementación de la convención.

El tema de la tortura con frecuencia está interrelacionado con otros temas de derechos humanos, tales como detenciones, arrestos arbitrarios y desapariciones forzosas. La existencia de tales violaciones de los derechos humanos hace que la tortura sea más probable. Los tratados sobre estos temas son por tanto relevantes cuando se considera la tortura y los tratos inhumanos y degradantes.

Se han desarrollado una serie de códigos específicos en tales temas para suplementar las disposiciones generales de la legislación internacional sobre derechos humanos. Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos fueron aprobadas por el primer Congreso de la ONU sobre la Prevención del Crimen y el Tratamiento del Delincuente en 1955. Establece los principios generales pero no entra en detalles. La regla 31 específicamente determina que el castigo corporal, el castigo de encerrar en una celda oscura y todos los castigos crueles, inhumanos o degradantes están absolutamente prohibidos. El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que prohíbe la tortura, fue aprobado por la Asamblea General en diciembre de 1979. La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas fue aprobada por la Asamblea General en diciembre de 1992. Recuerda otros tratados de la ONU y reitera, en el artículo 1, el derecho a ser protegido contra la tortura.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) (artículos 7,8)
El Estatuto de Roma prohíbe específicamente la tortura bajo varias disposiciones, dando al Tribunal Penal Internacional jurisdicción en tales casos. Si la tortura, definida como "inflingir de modo intencional dolor o sufrimiento severo, tanto físico como mental, a una persona en la custodia o bajo el control del acusado; excepto que la tortura no debe incluir dolor o sufrimiento causado exclusivamente por, inherente a o incidental a sanciones legales" (artículo 7e) se "comete como parte de un ataque amplio y sistemático dirigido contra la población civil", constituye un "crimen contra la humanidad" (artículo 7). "La tortura y los tratos inhumanos, incluyendo experimentos biológicos" (artículo 8.2.a.ii) constituyen "crímenes de guerra" (artículo 8).

Legislación humanitaria internacional

El derecho a no ser torturado es absoluto y abarca tiempos de guerra, de acuerdo con las prohibiciones de la Convención de Ginebra de 1949. Existe el deber de proteger la vida, la salud y la seguridad de los civiles y otros no-combatientes, incluyendo soldados que son capturados o han depuesto las armas. La tortura de estas personas protegidas está absolutamente prohibida. El artículo común 3 de la Convención de Ginebra, por ejemplo, prohíbe "la violencia contra la vida y la persona, en particular todo tipo de asesinatos, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura", así como "agravios a la dignidad personal, en particular tratos humillantes y degradantes".

Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV) (1949) (artículo 31)
El uso de la fuerza para obtener información está específicamente prohibido en el artículo 31 de la Cuarta Convención de Ginebra, que estipula que "no se debe ejercer ninguna coerción física o mental contra personas protegidas, en particular para obtener información de ellas o de terceras partes".

Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1949) (artículos 12, 14, 17, 130)
Las disposiciones de la Tercera Convención de Ginebra establecen que los prisioneros de guerra "tienen el derecho al respeto de su persona y de su honor en toda circunstancia" (artículo 14) y "tienen que ser protegidos en todo momento, en particular contra actos de violencia o intimidación y contra insultos y curiosidad pública" (artículo 13). El artículo 17 estipula que "no se puede inflingir ninguna tortura física o mental, ni ninguna otra forma de coerción a los prisioneros de guerra para obtener de ellos información de cualquier índole". Los prisioneros de guerra que se nieguen a responder no pueden ser amenazados, insultados o expuestos a tratos desagradables perjudiciales de ninguna índole". La tortura o el trato inhumano de los prisioneros de guerra constituyen una infracción grave del Convenio (artículo 130).

Algunos elementos de la legislación humanitaria internacional se han convertido también en parte de la legislación internacional tradicional. Esto significa que todos los detenidos en tiempo de guerra están protegidos por ciertas salvaguardias mínimas, independientemente de su estatuto legal.

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I) (1977) (artículo 75)
El artículo 75 ("Garantías Fundamentales") del Primer Protocolo Adicional de la Convención de Ginebra, que es reconocido como repitiendo la legislación internacional tradicional, establece que "la tortura de toda índole, tanto física como mental" contra "personas que están en poder de una de las partes del conflicto y que no se benefician de un trato más favorable bajo la Convención de Ginebra" debe "estar prohibida en cualquier momento y en cualquier lugar, tanto si es cometida por civiles o militares". "El trato cruel y la tortura" de los detenidos está también prohibido bajo el artículo común 3 de la Convención de Ginebra de 1949, que se considera como indicativa de la legislación internacional tradicional.

LA UNIÓN AFRICANA (ANTERIORMENTE ORGANIZACIÓN PARA LA UNIDAD AFRICANA, OUA)

Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) (artículo 5)
Este es el principal instrumento africano de derechos humanos y estipula que "todo individuo tiene derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano y al reconocimiento de su estatuto legal". Todas las formas de explotación y degradación del hombre, en particular la esclavitud, el comercio de esclavos, la tortura, los castigos y tratos crueles, inhumanos o degradantes deben ser prohibidos".

CONSEJO DE EUROPA

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1949) (artículo 3)
Este tratado, comúnmente conocido como la Convenio Europeo sobre Derechos Humanos (CEDH), determina que "nadie debe ser sometido a la tortura o a tratos o penas inhumanos o degradantes". Este es un derecho no derogable de acuerdo con el artículo 15.2, lo que significa que los Estados no pueden poner restricciones, incluso en situaciones de emergencia.

Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (1987)
Las disposiciones contra la tortura en la Convenio Europeo sobre Derechos Humanos fueron reforzadas por este tratado, que entró en vigor en febrero de 1989. La Conveneo creó un Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) para llevar a cabo visitas estatales sin restricción a lugares de detención. Permite las conversaciones privadas con los entrevistados y la exposición pública si no hay cooperación por parte del Estado Parte. Los Protocolos 1 y 2 de la Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura establecen los requisitos para ser miembro de este Comité.

El CPT monitorea la Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura. Está compuesto de expertos independientes, imparciales que sirven por un periodo de cuatro años y pueden ser reelegidos dos veces; hay un miembro por cada Estado que ha firmado la Convenio. Según sus objetivos "El Comité debe, por medio de visitas, examinar el trato a las personas privadas de la libertad con el propósito de reforzar, si es necesario, la protección de estas personas contra la tortura y tratos o penas inhumanos y degradantes". Las visitas del CPT se llevan a cabo por delegaciones de dos o más miembros a lugares de detención tales como prisiones, centros de detención, comisarías de policía, centros de salud mental e instituciones para el cuidado de ancianos, en las que monitorean el trato a las personas detenidas.

El Comité puede hacer visitas no programadas a un centro de detención. En este caso, el Comité tiene que avisar con antelación al país y al centro, pero puede realizar la inspección inmediatamente después del aviso. Dentro de cada centro, el Comité tiene garantizado libre acceso, libertad para moverse dentro del centro, y la capacidad de entrevistarse en privado con los detenidos, así como con otras personas que puedan proporcionar información relevante, tales como ONGs que se ocupan de los derechos humanos. El CPT redacta un informe sobre los países que visita. En el informe, el CPT hace recomendaciones para asegurar la prevención de la tortura y los malos tratos. Los gobiernos tienen que responder a estas recomendaciones. En raras ocasiones, el CPT puede hacer una declaración pública si un Estado no incorpora las recomendaciones del CPT. Sin embargo, las recomendaciones en general se mantienen confidenciales.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978) (artículo 5)
La Convención Americana estipula que "nadie debe ser sometido a la tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Todas las personas privadas de la libertad deben ser tratadas con respeto debido a la dignidad inherente de la persona humana" (artículo 5.2).

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985)
Este tratado entró en vigor en febrero de 1987. Elabora las obligaciones de los Estados con respecto a la tortura y detalla disposiciones similares a las que contiene la Convención de la ONU contra la Tortura.

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Organismos nacionales de servicio y protección

Artículos de la Convención contra la Tortura de la ONU que algunos Estados no han implementado incluyen:
- artículo 4, que garantiza que los actos de tortura son ofensas bajo las leyes penales;
- artículo 14, que garantiza reparación y compensación justa y adecuada específicamente para las víctimas de la tortura;
- artículo 10, que garantiza educación adecuada sobre la prohibición de la tortura para agentes de la ley, personal médico y otras personas participando en la detención de una persona;
- artículo 2.1, que requiere que cada Estado que participa tome medidas efectivas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole para prevenir actos de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Aunque esta disposición es muy general, la ONU ha redactado una lista detallada de medidas que se deben implementar, por ejemplo, el derecho de un detenido a consultar con un abogado, el derecho a ser informado de sus derechos en una lengua que entienda, la existencia de un registro en cada comisaría de policía que anote cada acción que ocurra durante la custodia, la existencia de un código de conducta para la policía durante el interrogatorio, y la existencia de mecanismos de control formales o informales tales como organismos de quejas independientes y visitas durante la detención.

Las ONGs tienen un papel crítico en el monitoreo de que tan bien sus gobiernos cumplen estas disposiciones. Asesoría y presión por ONGs nacionales e internacionales trabajando conjuntamente pueden servir para presionar a los gobiernos a cumplir completamente.

Los mecanismos regionales bajo el Consejo de Europa proporcionan instrumentos particularmente fuertes para el cumplimiento. Sin embargo, el monitoreo de la implementación y los informes sobre violaciones hechos por ONGs y abogados sigue siendo esencial para hacer realidad la protección contra la tortura.

Las lecciones aprendidas en la prevención de la tortura a nivel nacional sugieren una serie de pasos:

Terminología básica
tortura - cualquier acto por el cual se inflinge intencionadamente un daño o sufrimiento severo, tanto físico como mental, sobre una persona, con el propósito de obtener de él/ella o de una tercera persona información o una confesión, castigarlo por un acto que él/ella o una tercera persona ha cometido o es sospechoso de haber cometido, o intimidar o coaccionar a esa persona o a una tercera persona, o por cualquier razón basado en discriminación de cualquier tipo, cuando dicho dolor o sufrimiento sea inflingido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia (Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 1)
tratos inhumanos o degradantes - actos que infligen sufrimiento mental o físico, angustia, humillación, miedo o degradación, pero que no llegan a constituir tortura

Esta guía fue desarrollado por Asmita Naik. Traducción: Acacia Aguirre e Rosa Aida Del Bosque.

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